El Gobierno valenciano tiene bloqueada la indemnización a la menor de la que abusó el marido de Oltra

El Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, y más concretamente la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que hasta ahora dirigía la ya dimitida vicepresidenta Mónica Oltra tiene paralizado el expediente y, en consecuencia, la indemnización, que reclama la menor víctima de los abusos a que fue sometida por el marido, entonces, de la ya ex vicepresidenta del Consell y que asciende a 240.000 euros. La Consejería adujo en su momento que la condena al marido de Mónica Oltra por los citados abusos no era firme y está pendiente de que Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación por un supuesto fallo de doctrina.

El procedimiento administrativo que mantiene abierto la menor abusada con el Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig tiene su origen en la condena misma del marido, entonces, de Mónica Oltra. Y constituye la acción administrativa menos conocida de cuántas conforman el complicado mapa en que se ha desenvuelto todo este caso.

Su origen es sencillo. La menor solicitó una indemnización de 240.000 euros a la consejería que entonces -y hasta ayer mismo-, dirigía Mónica Oltra por la falta de protección tras haber sido objeto de los abusos. En estos procedimientos administrativos lo habitual, según fuentes jurídicas consultadas, es que la Administración se allane. Es decir, que se avenga a negociar una cantidad con la parte reclamante -la menor- y en un breve espacio de tiempo, el asunto esté cerrado.

Sin embargo, este no fue el caso, porque el marido de Mónica Oltra presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que, según fuentes próximas al caso, sucedía a otro que en tiempo procedimental distinto ya había presentado antes ante la Audiencia Provincial de Valencia. Y aquí, comienzan los problemas, porque la Administración, la Generalitat Valenciana, no se allanó. Adujo que la condena no era firme porque estaba pendiente del citado recurso de casación al Supremo. Y, por ello, quedaba paralizado el expediente y bloqueado, en consecuencia, el pago que reclamaba la menor.

En teoría, el Tribunal Supremo debía decidir sobre la admisibilidad de dicho recurso en las próximas semanas, pero las mismas fuentes antes citadas han elevado consulta reciente al Alto Tribunal. Y la respuesta ha sido que dado el enorme volumen de trabajo la admisión o no a trámite se resolverá en el primer semestre de 2023. 

A esta situación se sumó, ayer mismo, otro problema. Mónica Oltra anunció que iba a dimitir también como diputada autonómica. Su dimisión se produce tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en el caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor por los abusos del marido, entonces, de Mónica Oltra.

En el momento en que Mónica Oltra oficialice su renuncia ante las Cortes Valencianas, el TSJCV tendrá que devolver la pieza al titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El mismo que solicitó la imputación de Mónica Oltra que ha desembocado en su dimisión.

Por tanto, otra dilación más. Y esta, promete ser larga, con lo que la supuesta indemnización que reclama la menor se irá demorando, a menos que quien sustituya a Mónica Oltra decida dar un nuevo rumbo a la gestión y se avenga a que la Consejería se allane y busque un acuerdo con la joven. Ahora mismo, según ha manifestado el abogado de la menor, José Luis Roberto: «Esa voluntad no existe» por parte del Gobierno valenciano.

Hospital de Torrevieja

Llueve sobre mojado, porque la consejería, según las mismas fuentes, tampoco está facilitando el acceso a otras ayudas a la joven. Y no es la única. El hospital universitario de Torrevieja despidió a la menor cuando se produjo la reversión y pasó de ser un hospital público de gestión privada a un hospital público, de gestión también pública. Es decir, cuando su gestión pasó a manos de la Consejería de Sanidad valenciana, que entonces dirigía la socialista Ana Barceló, hoy portavoz del PSOE en las Cortes valencianas.

La menor llevó el asunto al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Alicante, trámite previo a la demanda. La Generalitat Valenciana no se presentó, aunque sí lo hizo Ribera Salud, anterior gestor. Ahora, la menor reclama una indemnización de 25.000 euros por despido improcedente y el caso está en un juzgado de Elche.

Mientras todos los pasos en la Administración y en los Juzgados se producen, la menor atraviesa una situación económica muy delicada. Puede dar de comer a su hijo, pero sigue sin poder carpetazo al infierno vivido.